El mundo de la cultura, con las personas refugiadas

El próximo 14 de junio, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un buen número de organizaciones y personas relevantes del mundo de la Cultura participarán en un acto reivindicativo, frente a la resolución en falso de la crisis de personas refugiadas en Europa, exigiendo el respeto de los derechos humanos y políticas más solidarias.

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Desde Siria y otros países como Libia, Irak o Afganistán, por tierra y por mar, millares de personas empujadas por la desesperación huyen de la muerte y piden auxilio. Sus pueblos, desde hace demasiado tiempo, sufren las consecuencias de la guerra. Son víctimas de la codicia de gente sin escrúpulos, por causas económicas, ideológicas o territoriales, y venganzas sin fin. Miles de personas se amontonan en campos de refugiados en países cercanos y solidarios. Familias enteras fijaron su meta en la vieja Europa con su porte pacifista, culto, humanista, incluso intercultural. Era y es un destino tan lejano como ideal. En su diáspora hacia Europa pronto encontraron incomprensión y el rechazo de la Comisión Europea, y de los gobierno europeos, sus caminos se llenaron de alambradas y muros de vergüenza que han acabado con los sueños de un futuro en una Europa solidaria, que garantiza la convivencia y los derechos humanos.

De partida hubo numerosas muestras de solidaridad ciudadana, pero tras seis cumbres de ministros sobre migración y diversas llamadas de atención de Bruselas y del Parlamento Europeo a los Estados miembros, se han acogido apenas un millar de personas refugiadas de las 160.000 comprometidas. Las instituciones europeas, y los gobiernos ha mostrado una vez más su peor versión: buenas intenciones y mejores discursos, pero políticas que no dan la talla requerida ante retos importantes, cuando más necesarios son comportamientos solidarios que solucionen o, al menos, palíen situaciones realmente extremas. Así, la resolución justa de la “crisis de los refugiados”, la asignación de estas personas por países –según sus posibilidades– sigue sin resolverse.

Algunos países socios como Suecia, Alemania o Italia han acogido un gran número de personas migrantes pero el resto ha eludido sus compromisos. Europa, ante la creciente presión de los refugiados, eligió el camino más fácil: mercadeó ilegal y vergonzosamente el destino de quienes pedían amparo y solidaridad, y firmó un ominoso pacto con Turquía que les expulsa a un país donde los derechos humanos no suelen ser respetados y que a menudo les repatría a Siria.

Hay que ser muy conscientes y recordar la historia, saber que alternativa no puede ser la xenofobia, sino que estamos ante una cuestión de derechos humanos de Europa democrática y social, no de una cuestión meramente económica. Hay que aprender de la historia de los años 30, ayer los judíos, hoy la islamofobia; hay que recordar que los refugiados huyen de unas guerras, donde las potencias occidentales tienen responsabilidades y cuyas acciones provocan estos efectos. Defender la paz, la democracia y restaurar los graves efectos de las guerras, es la voz de los pueblos de Europa, no así de sus instituciones y gobiernos.

Se detuvo el flujo terrestre de personas hacia Centroeuropa pero la ruta del Mediterráneo sigue siendo, desde Libia, una vía cada vez más utilizada y auspiciada por mafias y traficantes. Todo con un alto coste en vidas. En 2015 se ahogaron 4.000 personas y muchas otras simplemente desaparecieron. Este año, al ritmo actual de naufragios, sumaremos otras tantas muertes, y eso a pesar de los esfuerzos de salvamento de Frontex que ha rescatado a decenas de miles de personas.

El Mare Nostrum, un mar de grandes culturas, es ya un inmenso cementerio. Esta situación ha puesto en evidencia hasta dónde llegan la solidaridad y la justicia de los gobiernos y de muchas instituciones. El Gobierno español es uno de los que sigue frenando la acogida de personas refugiadas acordada con la Unión Europea. Bien es cierto que son bastantes los ayuntamientos, organizaciones y personas anónimas que se han ofrecido para acogidas. Además, desde hace meses, muchas organizaciones sociales, sindicales y políticas vienen denunciando las políticas insolidarias e incluso xenófobas, la violación de derechos hacia personas refugiadas, organizando y sumándose a diferentes acciones solidarias y, en su caso, de protesta.

Ahora CEAR, CCOO, UGT, USO, IU, PSOE, PODEMOS, Accem, Asamblea de Cooperación por la Paz, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Federación Derechos Humanos, Fundación CEPAIM, La Comuna, La Cumbre Social, Médicos del Mundo, Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad, Sociedad Española de Medicina Humanitaria, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, con el apoyo de otras muchas organizaciones, el próximo 14 de junio se citan en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, para celebrar elActo de la Sociedad y la Cultura. En el mismo participarán personas de reconocido prestigio de la sociedad civil, y particularmente de la cultura, para rememorar el drama que viven las personas refugiadas y animar conciencias a favor de su acogida y asilo. Se visionarán vídeos, se leerá un manifiesto, se recogerán firmas, habrá testimonios de apoyo y solidaridad…, todo en un evento (ver programa) amenizado por actuaciones musicales, y presentado por Almudena Grandes, Carlos Olalla y El Gran Wyoming. Se espera que este evento contribuya un poco más a sensibilizar a la ciudadanía y animarla a que participe de forma importante en las movilizaciones convocadas para el próximo 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, en todo el Estado por un cambio de rumbo que frene la violación de derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Ramón Górriz y José Campos,  respectivamente, secretarios de Acción Sindical y Relaciones Institucionales de Comisiones Obreras
Publicado en “infoLibre”
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XI Legislatura: 111 días y 500 leyes. Un referente legislativo

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Entre las casi 500 iniciativas aprobadas caben destacar la Ley 25 de emergencia social, la subida del salario mínimo, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza las huelgas, la prestación por desempleo para mayores de 52 años; o las normas sobre conciliación laboral y familiar, el fomento de la igualdad y la erradicación de la violencia de género.

Todo ello, y mucho más, certifica lo intensa que ha sido esta legislatura. En ella se ha certificado la ausencia del espíritu de los pactos de la Transición y el distanciamiento entre la política y la realidad social. Entre la derecha, la izquierda, los nuevos y los de siempre se ha liquidado una gran ocasión para el cambio de rumbo que España precisa. El 20D exigía a la política mucho diálogo pero los políticos han demostrado tener muy poco interés o muy poca cintura. Ante la presumible vuelta  a las urnas, con ninguna gracia, algunos pontificaban que la actividad parlamentaria era como la orquesta del Titanic, que hacía su tarea inútilmente. Para un importante cuerpo social la legislatura partía del error, con un Parlamento demasiado plural, gente novel con nuevas siglas, incluso algunos hasta sin corbata ni traje.

Ha destacado la desidia del Presidente del Ejecutivo en funciones. Ante el rey negó dos veces someterse a la investidura. Rajoy no se ha esforzado en el diálogo ni para formar Gobierno. Él y sus ministros han rehuido sus comparecencias parlamentarias salvo para informar del tratado EU-Turquía sobre personas refugiadas, exponer el programa de estabilidad y poco más. Esta actitud indolente y rebelde ha tensionado las relaciones institucionales a tal punto que el Pleno decidió denunciar a su Gobierno ante el Tribunal Constitucional para resolver el conflicto de atribuciones. A Rajoy sólo le falto declararse en Huelga por los resultados del 20D.

El Gobierno y su grupo parlamentario han intentado frenar casi todas las iniciativas de sus opositores, dejar pasar el tiempo mientras otros intentaban sin éxito pactos de investidura y se entregaban a una intensa actividad parlamentaria. En cinco Plenos una mayoría parlamentaria demostró con su escaso absentismo y gran labor, sus ganas de reformas y de poner fin a la política de tierra quemada dominante en la anterior legislatura.

Sobre las iniciativas legislativas en el Congreso casi todo lo aprobado, o lo que se ha empezado a tramitar en Pleno o en Comisión, ha decaído por la clausura del la legislatura, salvando el decreto que, a iniciativa del Gobierno, prorroga la ayuda de los 426 euros a personas desempleadas de larga duración con cargas familiares.

El 2 de mayo un real decreto ha puesto el broche al fracaso del consenso. Lo de los pactos de La Moncloa quedaba demasiado lejos para reeditarse, y eso que los tiempos que corren no son especialmente halagüeños para casi nadie. Una gran parte de la ciudadanía sufre una situación de escasez, a veces extrema, porque lo de los brotes verdes y los grandes avances en empleo es mera propaganda.

Con el sector conservador en un excesivo inmovilismo e incapacitado para renovarse, y el lado progresista tan sobrado de personalismo como falto de voluntad para negociar y alcanzar un verdadero consenso, el pacto de Gobierno para el cambio era imposible.

Ahora se abre otro periodo electoral aunque hay un creciente hastío hacia la política y sobre sus polémicas partidarias llenas de acusaciones tan sectarias como artificiosas.

Es necesaria más pedagogía, más debate. Los partidos deben exponer sus programas y propuestas de país. Hablar más sobre su economía, sus estructuras, sus instituciones, sobre el cambio económico, social y, sobre todo, ético que precisa. Propuestas para reducir ese 20% de desempleo, acabar con el empleo basura, ayudar a más de 13 millones de personas que pasan necesidades, a veces extremas. ¿Para cuándo una reforma fiscal más progresiva?, ¿Qué propuestas tienen sobre educación? ¿Apuestan por un Pacto Educativo? y ¿qué van a hacer para garantizar la sanidad y las pensiones públicas?¿Qué hay de esa juventud que tiene que someterse a la explotación laboral o marcharse emigrante?

No es tolerable seguir malviviendo de la caridad ni castigar más a las fuerzas del trabajo, o seguir con la austericidad sin mayores estímulos fiscales. Y eso junto a la política de refugiados deben proclamarlo y solucionarlo, también en Bruselas. Porque la crisis en España arroja un saldo de muchas injusticias, necesidad y desesperanza.

Los incomparecientes seguirán a lo suyo. A los otros les pido que cambien de una vez esto, que se dejen de soflamas de manual y no prometan más. Y, sobre todo, les pido que busquen el acuerdo y actúen hacia lo comprometido en sus programas. Peleen por otra realidad social más equitativa, equilibrada e igualitaria. Todo un reto en el que coincidimos muchos que es inaplazable.

En definitiva, ha sido una legislatura corta e intensa, pocos días y muchas leyes. Y no se consiguió el objetivo de investir un presidente. Sin embargo queda el sustrato de lo bueno que legislativamente se ha hecho. Como reconoció el propio Presidente del Congreso, Patxi López, sobre el futuro de las propuestas legislativas debatidas: no se convertirán en leyes pero marcan la senda a seguir tras el 26J. 

Aflora en Panamá la sistémica podredumbre fiscal

Gran parte de las transacciones financieras y del dinero que fluye en el mundo no responde a iniciativas empresariales ni es fruto de actividades lícitas. Al contrario, procede de actividades delictivas (narcotráfico, corrupción, tráfico de armas, prostitución, extorsión…). Pero para el dinero negro y la evasión de capitales existe una legalidad connivente. El poder político se torna cooperativo o laxo al consentir una gran opacidad a las cajas B y a los turbios negocios. Es obvio que el sistema capitalista está diseñado para favorecer a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones o entramados empresariales y financieros, si bien con el auge neoliberal, gobiernos e instituciones bancarias y organizaciones supranacionales se instrumentalizan o se prostituyen. Son cómplices necesarios. Mafias y políticos corruptos van de la mano para solaz de los paraísos fiscales. Hay para mucho. Según datos del propio FMI el dinero negro refugiado en estos paraísos supone hasta un 25% del PIB mundial, ascendiendo hasta un 5% de ese PIB el dinero negro.

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Hay múltiples fórmulas legales para la elusión fiscal, aunque sea un ardid bastante inmoral. Así, montar una sociedad offshore, o sea, un tinglado sin oficio empresarial, en uno de esos paraísos, para depositar ganancias y ahorrar en impuestos, es una de las fórmulas más corrientes. Fruto de una filtración el tema está en candelero en los mass media de todo el mundo. Todo gracias al contenido de una descomunal cantidad de documentos de un bufete de abogados panameño. Los “papeles de Panamá” dejan en incómoda exposición pública a mucho personaje ilustre, pudiente y/o famoso. Son miles los nominados a los que se relaciona con paraísos fiscales,  bastantes de ellos con ciudadanía española.

Aunque se ha avanzado en la regulación del secreto bancario, gracias sobre todo a la necesidad de controlar la financiación del terrorismo internacional, lo de Panamá pone de nuevo en la palestra esos refugios fiscales que todavía el sistema ampara por activa y por pasiva para evadir impuestos o blanquear dinero. El neoliberalismo imperante sigue haciendo la vista gorda a este terrorismo fiscal que favorece un mundo más insolidario y desigual, facilitando la demolición del estado social a mayor beneficio de las elites a las que ampara, sin importar que a muchas sociedades no les llegue para atender siquiera servicios públicos esenciales, llegándose a la paradoja de tener paraísos fiscales al servicio de unos pocos junto a numerosos infiernos económico-sociales provocados por las burbujas financieras y la corrupción. Eso sí, el G20 y la propia Comisión Europea, ante la última gran crisis financiera, con gran hipocresía, prometieron acabar con ellos. Es más necesario cerrar fronteras y poner alambradas a las personas pero no así para el dinero. El nuevo escándalo da para más golpes de pecho institucional pero pronto todo se olvidará y los paraísos fiscales continuarán sin mayores problemas si no persiste la presión de los medios de comunicación y si la sociedad civil no se implica en pedir responsabilidades y una regulación mucho más seria. Al menos, es exigible que quienes figuren en la lista de Panamá sean investigados y se compruebe si incurrieron en delito fiscal. Alguno como el primer ministro islandés, reconociendo su implicación, ha dimitido. Pero con la que sigue cayendo a consecuencia de la crisis económica del 2008, con las necesidades crecientes en prestaciones sociales y recursos públicos, resulta intolerable que quienes más tienen sigan sin tributar como en justicia les corresponde, para contribuir a sufragar pensiones, desempleo, sanidad,  enseñanza, dependencia, y otros servicios públicos esenciales para los menos pudientes.

En España el monto de la evasión fiscal y del dinero negro los expertos la elevan hasta 200 mil millones anuales. En concreto, un informe de los Técnicos de Hacienda (Gestha) lo situaban en 2014 en 253.000 millones. Al respecto, el ministro Montoro se ufana de que la lucha contra el fraude de este año haya supuesto recaudar 12.300 millones extra. Lo que no cuenta es que la lupa se pone en los pequeños defraudadores, entre autónomos y asalariados, mientras el gran fraude queda impune ayudado por la ingeniería fiscal o la evasión de capitales. Tampoco cuenta que apenas destina un 20% del fisco ministerial a la lucha contra el fraude. Muy poca cosa cuando España sigue siendo tan deficitaria y hay tantas necesidades y desigualdades sociales.

No obstante, el problema del fraude tributario y los paraísos fiscales, según entendemos en CCOO, ha de ser abordado a nivel europeo e internacional y adoptarse medidas urgentes. Así, en la próxima Cumbre del G20, se debería decidir acabar de una vez por todas con los paraísos fiscales. Asimismo, el G20 y la UE deberían aprobar una tasa a las transacciones financieras internacionales. También tendría que obligarse a las corporaciones multinacionales publicitar todas sus actividades, incluidas las financieras y fiscales, y la regulación de la tributación fiscal en cada país. Y en el ámbito de la UE, entendemos que urge la creación de un centro de investigación fiscal europeo (Eurotax).

A muchos aun nos zumban los oídos por aquel golpe de sinceridad de la Abogacía del Estado cuando, en el juicio del caso Noos, vino a decir que “Hacienda no somos todos”. Tampoco olvidamos la amnistía fiscal de la pasada legislatura, una medida tan inmoral como pobre en sus resultados. Sin embargo,  en CCOO esperamos la mayor implicación y mejor disposición de nuestro Gobierno en lo expuesto. La Agencia Tributaria ha de poner mayor empeño para perseguir el fraude fiscal y hacer efectiva la progresividad tributaria. Y entre tanto, respecto a los papeles de Panamá, no estaría mal que se informe al Parlamento y a la ciudadanía sobre la investigación abierta en 2011 a la oficina panameña origen del escándalo y sobre la cual no trascendió absolutamente nada.

 

Refugiados, “del naufragio al gran bazar”

Sobre el sueño de una Europa unida, democrática, solidaria y avanzada socialmente… ha caído el jarro de agua fría de la realidad. En la madrugada del pasado día 8, con la excusa de “combatir la actividad de las mafias”, la Cumbre Europea acordaba externalizar la crisis de las personas refugiadas. El Gobierno de Turquía lo gestionará a cambio de 6.000 millones de euros. Ello sin reparar en la vulneración de la legalidad internacional: Carta Universal de Derechos Humanos, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Convención de Ginebra del Estatuto del Refugiado. La ONU rechaza este acuerdo que, además ha provocado un profundo malestar en el seno de la propia Unión por las dudas legales y morales generadas.

Ciertamente la crisis de las personas refugiadas es una “patata caliente” para los políticos pero resulta muy preocupante, para quienes creemos y defendemos los valores de una Europa solidaria, que Bruselas insista, tras el fiasco de resolución delbrexit, en dar pasos tan torpes, transmutando el gran sueño europeo en una falacia. Pero no sorprende que ante esta crisis humanitaria se actúe con tanto cinismo. Y es que venimos sufriendo los rigores de unas políticas conservadoras que sólo velan por los intereses de la banca y de las grandes empresas a costa de la ciudadanía. Lobbies y poderes fácticos controlan las instituciones europeas, las políticas nacionales, una mayoría de medios de comunicación…, todo para quebrar décadas de conquistas sociales. El europeísmo hace tiempo cayó bajo el absoluto control de élites internacionales que perpetúan sus privilegios. Así, no sorprende este preacuerdo suscrito con Ankara por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho que, probablemente, se ratificará en la próxima reunión del Consejo de Europa. Así, TODA persona extranjera que llegue ilegalmente a Grecia será expulsada a Turquía (país que no respeta los derechos humanos, que elimina las minorías kurdas y ataca a los medios de comunicación, entre otras cosa). No obstante, la Unión Europea se compromete (aunque probablemente no cumplirá) a acoger desde Turquía a una cantidad de personas refugiadas similar al de expulsiones. Lo que supone, entre otras cosas, acelerar el proceso de integración turco en la Unión.

A resultas de la crisis económica el euroescepticismo ha ganado mucho terreno. El fracaso estrepitoso en los planes para reasentar el gran flujo de personas refugiadas también ayuda. Del “welcome refugees” auspiciado por Angela Merkel se ha pasado al cierre de fronteras y, en paralelo, al auge del populismo y la xenofobia. Y finalmente un control del flujo de migrantes y personas refugiadas mediante expulsiones colectivas. El espacio Schengen se ha clausurado. El cierre de la ruta de los Balcanes es un hecho y el paso de personas refugiadas desde Grecia hacia Alemania ha cesado. Unas 42.000 personas están atrapadas en la frontera helena aunque pronto buscarán otras vías de entrada. Pasan frío y hambre y su futuro como deportados será más que incierto, entre otras cosas, porque Turquía es una pseudo-democracia que flojea mucho en derechos humanos: detenciones, malos tratos y abusos son moneda corriente de cambio. Incluso, como denuncia Amnistía Internacional, ya son frecuentes las repatriaciones de personas refugiadas a sus zonas de origen, volviendo una mayoría a un escenario de penurias y guerra.

En España existe cierto recelo a la llegada de inmigrantes por motivos económicos. No generan mayores simpatías las personas refugiadas. Como desvela la pasada encuesta del CIS, este tema importa nada a una gran parte de ciudadanos y ciudadanas. Lo cual, sin duda es preocupante, y exige mucha más concienciación e implicación institucional, aunque al menos la xenofobia, por ahora, no es significativa respecto a otros países europeos. Sin embargo, es lamentable la desidia de nuestro Gobierno en la gestión de esta crisis. Sólo se han acogido 18 personas de las 17.680 que fueron comprometidas con la Unión Europea. Rajoy incluso se ha negado a debatir en el Congreso sobre el pacto con Turquía. Pese a esta actitud el Congreso, por mayoría absoluta (PSOE, Podemos y sus confluencias, C´s, Compromís, ERC, PNV, IU-UP), le ha instado al presidente en funciones a que no respalde en el próximo Consejo Europeo la ratificación del acuerdo con el Gobierno de Erdogan. Además, la mayoría de las organizaciones políticas y sociales, entre las que se encuentran diversas ONG y sindicatos como CCOO y UGT, vienen denunciando esta pasividad del Gobierno del PP hacia las personas refugiadas. Asimismo nos hemos movilizado y hecho público nuestro rechazo al pacto UE-Turquía que reduce el valor de las personas a meros números. A este respecto, CCOO y UGT, junto a numerosas organizaciones sociales y diversos partidos políticos, han convocado concentraciones en todas las ciudades el próximo miércoles, día 16, porque son posibles otras soluciones y Europa tiene potencial para actuar en origen, aunque, le falta voluntad. Además, CCOO anima a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para que lidere una movilización sindical europea. Porque es posible alcanzar otro tipo de acuerdo con Turquía (que ya acoge a 2 millones de inmigrantes) para poder solucionar esta crisis. Pero antes Europa debería cumplir su compromiso de acogimiento y reubicación en su propio territorio de las personas refugiadas.

Condenando a millones de personas a una vida de miseria y/o a la muerte, Europa da un gran paso hacia la ruina de sus principios y refuerza el temor a su propia decadencia. Con todo, Europa sigue siendo la tierra de la esperanza. Depende mucho de nuestra firme actitud contra esta injusta resolución a la crisis de las personas refugiadas. No en vano el sueño europeo es la principal ilusión que mantiene nuestra civilización, tan necesitada de mejorar sus perspectivas de futuro como de construir otro mundo que no puede seguir basándose en el crecimiento económico en perjuicio de la calidad de vida de las personas ni de arruinar el medioambiente, como tampoco siendo cómplice de la miseria humana y del siniestro juego de la guerra, ni de intereses económicos y geoestratégicos que todavía salpican el planeta.

El auténtico naufragio europeo

3500Dos mil quince ha sido el año de los refugiados. En el mundo su número superó los 20 millones por primera vez desde 1992. En Europa, con meridiana claridad, hemos asistido en los últimos meses a la inoperancia de las instituciones comunitarias ante la peor crisis de desplazados desde la II Guerra Mundial. En 2015 se han duplicado las peticiones de asilo respecto al año anterior. Un número creciente de personas sirias, kosovares, eritreas, afganas, somalíes o nigerianas huyen de la guerra, el terrorismo o la represión. En su intento de arribar a una tierra más amable al menos 2.800 personas han perecido este pasado año en el Mediterráneo. La fotografía del pequeño cadáver de Aylan Kurdi en una playa turca sacudió la adormecida conciencia europea que, durante demasiado tiempo, pese a la llegada cada vez más masiva de inmigrantes por el Mediterráneo (principalmente a Italia) permanecía ajena, ausente, insolidaria.

Ante tamaña crisis Bruselas, como ya es tradicional en los grandes acontecimientos, volvió a reaccionar de manera exasperadamente lenta y descoordinada. Cada país se ocupó de aplicar sus propias recetas o, según el caso, marear la perdiz. Mientras países como Alemania o Suecia respondían, al principio, con gran solidaridad (1,1 millones y 163.000 de refugiados acogidos, respectivamente), otros pronto echaron mano de sus militares, alambradas y perros.

La falta de una política común, en unos pocos meses nos ha permitido asistir a capítulos inolvidables de las políticas en Europa. Así vimos cómo los ‘países del Este’ de modo lamentable pronto dejaron bien a las claras que el multiculturalismo occidental no iba con ellos. Sin embargo, el contrapunto fue la ‘beatificación’ de la canciller alemana, Angela Merkel, a cargo de los refugiados por su mano tendida a quienes a millares caminaban desde Grecia, por Hungría o los Balcanes. Una iniciativa recibida con mucho entusiasmo en la sociedad germana. Pero del ‘Refugees Welcome!’, en pocos meses, hemos comprobado cómo la xenofobia es un fenómeno muy asentado en las entrañas europeas, y que viene encontrando aliados en el terrorismo yihadista, en la dubitativa y cambiante política de acogida, y también en desgraciados casos como el de las agresiones en Colonia.

En Bruselas se acordó acoger a 106.000 personas que llegaron por Italia y Grecia. Pero la penosa realidad al iniciar 2016 es que sólo 272 había sido acomodadas. En España sólo 18 de las 14.931 personas comprometidas han sido instaladas. Entretanto Bruselas asume que serán tres millones el total de refugiados que lleguen hasta 2017.

En el tema de los refugiados los países pasan olímpicamente de sus obligaciones comunitarias. En Europa las políticas nacionales se mantienen muy restrictivas para las nuevas acogidas, e incluso confiscatorias (Dinamarca, Suiza.). Se han levantado demasiados muros. Se trata de poner freno a la entrada masiva y descontrolada de refugiados. Schengen ha colapsado de forma estrepitosa por mucho que poner puertas al campo de esta inmigración sea una vergüenza para los valores europeístas. Todo son lamentaciones, reproches, rechinar de dientes, socios europeos seriamente enfrentados. Mientras, la crisis de los refugiados sigue empeorando.

Ya esta bien de leyes para ‘desvalijar’ a los refugiados de sus objetos de valor en Suecia, Alemania, Suiza, de aceptar ‘solo a los cristianos’ de los checos o imponer ‘el cerdo en los menús’ de las instituciones públicas danesas, de colgar el cartel ‘no se aceptan musulmanes’ en Eslovaquia, de puertas pintadas de rojos y de pulseras obligatorias en Inglaterra, de las agresiones a menores en Holanda, de la falta de protección a los niños o de la represión brutal en la mayoría de los países europeos.

Ante esta trágica situación, la UE debe replantear radicalmente la política migratoria con una visión de largo alcance, sabiendo que asistimos a un fenómeno estructural de largo recorrido. Es fundamental un plan europeo de acogida e integración de los refugiados, el establecimiento de dispositivos de salvamento eficaces en el Mediterráneo, la creación de corredores humanitarios garantizados, la actuación en los países de origen.entre otras medidas urgentes.

En definitiva, los flujos migratorios seguirán debido a la pobreza y a la inestabilidad política instalada en la periferia de la Unión Europea y, sobre todo, como consecuencia de unas políticas económicas y comerciales que condenan a miles de personas a la pobreza, el verdadero origen de las crisis migratorias.

Los Presupuestos y una ley cada dos días

votacion parlamentariaAcaba una legislatura histórica con 236 iniciativas legislativas, muchas mal formuladas y casi todas sin consenso. Ahora, casi treinta proyectos de ley pendientes, una ley cada dos días.

Rajoy ha recalcado que va a trabajar hasta el fin de la legislatura. Su reciente anuncio de celebrar las elecciones por Navidad aclara mucho el calendario de lo que queda de legislatura, que no es poca cosa. Queda poco tiempo para disolver las Cortes y casi treinta proyectos y proposiciones de ley pendientes de aprobación. La mayoría de esos proyectos están en trámite en el Senado. Quieren echar el cierre en la segunda quincena de octubre así que, echando cuentas, resulta que habrá que aprobar una ley cada dos días. Y eso abarca incluso normativa de calado, caso de la nueva ley del Constitucional, la del aborto, las del enjuiciamiento criminal, la de asistencia jurídica gratuita, o la ley de seguridad nacional. Y por supuesto la gran guinda de este pastel: la ley de Presupuestos Generales del Estado.

El ritmo que ha impuesto el PP a la aprobación de leyes es sorprendente. En el mes de agosto, el 25 exactamente, el Senado aprobó definitivamente tres leyes importantes (Formación, Sociedades Laborales, Autoempleo), en esta ocasión y con competencia legislativa delegada, fue la Comisión de Empleo y Seguridad Social, quien da el visto bueno final a estas tres leyes.

En el mes de septiembre, el ritmo continúa: en el primer Pleno el Senado aprueba nueve, y en el segundo siete proyectos de Ley. Incluso tramita en lectura única la modificación de la competencia de Tribunal Constitucional.

Demasiadas leyes, y lo peor: cocinadas con prisas. Auténticas chapuzas elaboradas sin un criterio de país definido y que obvian los pactos de Estado. Por ello son reformadas una y otra vez (incluso en esta misma legislatura, caso de la reforma del Código Penal, de la Ley Concursal o de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil). Esto no es serio, al menos para fomentar la seguridad jurídica en nuestro Estado de Derecho. No se ha buscado el consenso, se ha trabajado en contrarreformas tan disparatadas como la LOMCE, o tan controvertidas como la Ley Mordaza, el Código Penal, la del aborto, la reforma laboral, cualquiera de ellas que por sí misma debiera condenar sin paliativos a esta etapa dominada por el PP. Tenemos muchas leyes, más las que surjan de este apretón final. Un estilo de legislar que añade mucho al existente caos normativo español. Todo lo cual hace que la oposición realice intención de reformarlas o liquidarlas en cuanto puedan la correlación de fuerzas cambie en el Parlamento. Hay quien ya ha echado cuentas y afirma que “un Gobierno de izquierdas necesitará un año para borrar a Rajoy del BOE”.

Ha sido una legislatura intensa. Se han aprobado más de 140 proyectos de ley. La legislatura del rodillo termina como una apisonadora. Se rechaza la mayoría de las propuestas de la oposición; se han aprobado las leyes con muy poco consenso, se recortan sustancialmente las iniciativas legislativas de la oposición. Unas 70 de ellas es probable que se queden en el cajón, sin tramitar. Una cuestión no menos significativa, es cómo el Grupo Popular se ha hartado de vetar los requerimientos sobre comparecencias ministeriales y presidenciales, especialmente en lo referente a los casos de corrupción, algo que afea mucho a los que se autoproclaman campeones a la hora de combatirla.

Unos Presupuestos populistas y marcadamente electorales

Este año el debate sobre Presupuestos Generales del Estado (PGE) se resuelve con muy poco tiempo. Los PGE llegan al Congreso a principios de agosto y, a finales el Pleno del Congreso rechaza las 12 enmiendas a la totalidad,  que presentaron otros tantos grupos parlamentarios; a mediados de septiembre se han debatido 4.300 enmiendas parciales, y el debate estará concluido antes de que finalice el mes de octubre. Tal vez sea un buen momento para consensuar que las elecciones generales deben plantearse en los primeros meses del año, tal vez en primavera, para evitar las precipitaciones y condicionamientos que en esta ocasión se van a producir, y que no es la primera vez en nuestra democracia que sucede.

Antes de conocer el Gobierno que nos deparen las urnas navideñas, el actual gobierno habrá de gestionar las cuentas del Reino que en unas semanas más (el 22 de octubre), y a marchas forzadas, van a ser aprobadas por el PP que, rompiendo la tradición sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, reduce y adelanta su tramitación un par de meses.

El Gobierno trata con ello de reducir el déficit público de la Administración Central al 2,8% del PIB. Respecto al ejercicio en curso el límite del gasto no financiero baja un 4.4%. Por su parte, los impuestos suben un 4%, con una recaudación por IRPF que se incrementa un 3,4% y el gasto social crece un 3,8%. A la par que baja un 22% lo destinado a protección por desempleo, desciende un 28% lo presupuestado para fomentar el empleo. Mientras, el gasto en las pensiones se revaloriza solo el 0,25%.

Estas partidas han merecido el rechazo unánime de las organizaciones sindicales y de toda la oposición. Para CCOO estos presupuestos son populistas y marcadamente electorales, no habrá avance alguno en el necesario cambio en el modelo productivo del país, éste ni se va a transformar ni se va a ampliar. Para el sindicato urge una reforma fiscal que determine un reparto más justo de las cargas tributarias y que combata con eficiencia las bolsas del fraude. Hace falta otro presupuesto que aumente y reoriente la inversión pública fomentando los sectores que generan más valor añadido. Con estos presupuestos ni se va a impulsar el crecimiento, ni a la creación de empleo de calidad, como tampoco van a contribuir a mejorar la protección de la clase trabajadora.

De nuevo tenemos unas cuentas públicas muy ideológicas, austeras (baja un 4.4% el gasto), con guiños electoralistas, en especial a los empleados públicos. Son pura fantasía para la recuperación económica del país y de las necesidades más acuciantes de la población. Se nos quieren vender como las más sociales de la etapa de Rajoy cuando en realidad siguen siendo bastante antisociales, unos presupuestos que van a contribuir a ampliar las desigualdades y a seguir liquidando el Estado del Bienestar.

La campaña electoral entra en el Congreso

fernandez_diaz_y_rajoySe inicia el que puede ser último año de las reformas, contrarreformas y recortes del Gobierno. El 20 de noviembre se cumplen los 4 años de la mayoría absoluta de PP. Según fuentes gubernamentales las reformas seguirán hasta el último suspiro de la legislatura. Hasta 26 proyectos y 63 proposiciones de ley esperan en febrero a sus señorías. Para que todas las iniciativas pendientes quepan en esta recta final, el PP tendrá que forzar mucho su rodillo o bien seguir abusando del real decreto ley.

En 2014 se aprobaron más leyes que en los dos años precedentes, aunque su utilidad para el bienestar ciudadano es otro cantar, porque del mandato legislativo del Gobierno sigue brillando más “la cantidad que la calidad. El Gobierno sigue lamentándose de la herencia recibida, pero sus legisladores ni siquiera son fieles a sus votantes.  El Gobierno, bastante alejado de la realidad social, ni siquiera ha tenido un gesto para iniciar mejor el año subiendo el SMI (o las pensiones mínimas) a niveles algo dignos. A cambio Rajoy puede seguir presumiendo de bastante fidelidad a las indicaciones de Bruselas, o sea, las de Angela Merkel. Tal vez no esté muy satisfecho de haber impulsado el pasado año el engendro provisional de la Ley de Propiedad Intelectual, tampoco por dejar libre a numerosos delincuentes al liquidar la justicia universal, o qué decir sobre la retrógrada Ley Mordaza.

La campaña electoral entra de lleno en el Congreso, tanto en los contenidos legislativos como en el número de sesiones plenarias. Menos mal que no queda tiempo para legislar tanto este año. El período de sesiones se acorta ante las diversas convocatorias de elecciones. Sólo quedan catorce sesiones plenarias en el Congreso y diez en el Senado. A lo sumo es posible alguna extra en julio y poco más a partir de septiembre.

De todas formas, el Gobierno pisa el acelerador con iniciativas legislativas en materias muy importantes. Así, por ejemplo, habrá más recorte del gasto en las administraciones públicas con la aprobación de dos anteproyectos de ley en el marco de la reforma de las administraciones (Informe CORA), el del régimen jurídico del sector público y el anteproyecto de ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

También sacó de su largo letargo a la reforma del Código Penal, para ser aprobada en un Pleno extraordinario en enero. Esta es una ley que por la magnitud de su articulado, y su propia trascendencia, no se merece una tramitación exprés, sino más calidad y consenso. Pero tampoco, ni pacto ni negociación suficiente ha habido en la tramitación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, a la que auguro corta vida (como tanta normativa regresiva de esta legislatura) por su carácter represivo. Con las urgencias, algunas leyes como la de servicios profesionales no verá la luz, al igual que la Ley de reforma del aborto, aunque el Gobierno trata de contentar a sus votantes con una ley que obligue a las menores a pedir permiso a sus padres para abortar, y además con ayudas a las familias numerosas.

Esta X Legislatura dejará una amarga impronta para los derechos y las libertades. Será recordada en lo social como un período bastante estéril, que ni ha servido para mejorar la calidad de los servicios públicos ni para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Todo lo contrario, el Estado del Bienestar se ha debilitado sensiblemente, ha sido agredido por el poder legislativo, para que los débiles sigan soportando el peso de la crisis, y se permita la abusiva socialización de las pérdidas bancarias y de sectores como el energético. Hay más pobreza y menos derechos. El final de la X legislatura agrega más desconfianza en el legislador.

Dado que ya estamos en precampaña electoral, eso está por ver, pero a estas alturas de legislatura no nos hará olvidar que justo cuando los más débiles necesitaban mayor protección social, han tenido más recortes en derechos y servicios públicos. Ni la reforma fiscal ni los nuevos presupuestos generales facilitarán la vida a la ciudadanía. A pesar del maquillaje de la precampaña electoral, queda claro que la legislatura ha sido un fracaso para la igualdad social y el empleo digno.

También se anunció que éste será el año del despegue definitivo de la economía. Pero en este país lo único que despega es mucha juventud haciendo las maletas para poder subsistir. Y eso que Rajoy se presentó en 2011 como el valedor del bienestar y la prosperidad diezmados por la crisis. Ha hecho bien poco al respecto y, además, ha tenido bien poco en cuenta a los agentes sociales, a excepción de la recién pactada ayuda temporal de 426 euros para desempleados sin ingresos y con cargas familiares.

Y qué decir de lo prometido respecto a la regeneración democrática. El país es un lodazal con 2.000 imputados encausados. El prestigio de las instituciones ha sido duramente dañado también en esta legislatura. Existe un clamor ciudadano contra los abusos de posición y la malversación de caudales públicos. Se exige más transparencia y participación en las instituciones, y más eficiencia e independencia en la justicia. Ni lo uno ni lo otro tampoco se ha facilitado en esta legislatura de mayoría absoluta.

Eso sí, se ha aprobado una Ley de Transparencia, de nuevo sin consenso y, a todas luces, insuficiente. Y dado el fracaso del pretendido pacto de Rajoy con el PSOE, el Gobierno ha dejado para el final una batería insuficiente de iniciativas  contra la corrupción, como la regulación del ejercicio de los altos cargos de la administración, el control financiero de los partidos para evitar su financiación paralela, y la ley de enjuiciamiento criminal, para abreviar la instrucción o investigación de los casos de corrupción… Todo ello lo patrocina el Gobierno, cuyo grupo parlamentario ha rechazado hasta 25 comisiones de investigación planteadas por la oposición, y que discrecionalmente indulta a significados personajes relacionados con casos de corrupción.

En la recta final de la legislatura pocos verán en nuestro país que seamos un pueblo más próspero y que contemos con mayor justicia social. Fuera del Parlamento sigue haciendo mucho frío, aunque una mayoría de sus inquilinos no reparen en que la desigualdad y la pobreza creciente conviva, además, con abundantes casos de corrupción y abusos de poder.

2014: más imposición y menos derechos en el Congreso

Decepcionante aunque previsible ha sido este séptimo año de la crisis en lo legislativo, y eso que 2013 ya fue malo. El curso legislativo sigue desarrollándose en un contexto general complicado para la nación y bastante difícil para gran parte de la ciudadanía.

Centrándonos en el Congreso de los Diputados, el rodillo del Grupo Popular ha seguido ninguneando a la oposición. La bronca ha predominado con un PP nada predispuesto a la negociación. Un buen ejemplo han sido los Presupuestos Generales del Estado, donde el PP solo aceptó tres entre las cuatro mil enmiendas opositoras. Y poco inteligente ha sido el inicio de la aplicación de la Ley de Transparencia. Su portal es una burla, muchos contenidos y poca información relevante.

Este año se aprobaron muchas leyes pero algunas reformas que están en el programa del PP quedaron en el cajón del Gobierno. La más conocida por polémica ha sido la que debía cambiar la Ley Orgánica 2/2010, sobre el aborto. Rajoy tuvo que desistir dada la importante falta de consenso social junto a las numerosas protestas sindicales y ciudadanas La fallida reforma estrella del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acarreó su propia dimisión.

Sin embargo, para el PP ha sido un año fructífero, sacando adelante hasta 60 leyes. La mayoría de ellas en solitario o con apoyos muy minoritarios. De entre las leyes aprobadas hay ocho de rango orgánico entre las que cabe recordar la del Poder Judicial en lo relativo a la Justicia Universal, la de la abdicación del Rey, la que complementa la Ley de racionalización del sector público, la del Poder Judicial, y la que fija el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. El resto, son 31 leyes ordinarias, entre ellas: la Ley para la Protección de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial; la Ley General de Consumidores y Usuarios, la Ley de Seguridad Privada; la Ley de Tráfico y Seguridad Vial; la Ley de Telecomunicaciones; la Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (“Ley ómnibus”); la Ley de Propiedad Intelectual; y la reforma fiscal, que incluye las leyes del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades, y la del IVA. También se han aprobado 14 reales decreto-ley, una normativa que el Gobierno dicta por su carácter extraordinario o de urgencia, y que este año ha sido abundante.

Entre la cuantiosa legislación aprobada merece recordar la ley que limita la justicia universal. Aprobada con el clamor en contra de la oposición, ha posibilitado que decenas de narcos fueran excarcelados, impedir el acceso a la justicia de la acusación popular, y hacer primar el interés en las relaciones bilaterales con dictaduras que vulneran los derechos humanos por encima de perseguir judicialmente la violación de esos derechos.

Tampoco conviene olvidar esa ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Se llamó “Ley ómnibus” porque reforma 26 leyes que afectan al modelo social, tuvo un origen polémico en un real decreto-ley sacado en el mes de julio. El PP aunque al final se plegó a su trámite parlamentario, anuló el debate sectorializado, aprobándolo en solitario sin admitir ninguna de las enmiendas de la oposición.

También este año tenemos un buen ejemplo de privatizaciones. Se trata de la Ley de Mutuas. Ha sido impulsada por el PP, el PNV y CiU para reforzar el carácter privado de estas entidades y mantener competencias que cuestionan la capacidad de la sanidad pública. Con ella el interés privado y el económico prevalecen sobre el propio bienestar de las personas.

Una reforma, tan debatida como controvertida, ha sido la Ley de Propiedad Intelectual, o Ley Lasalle. De carácter provisional, trata controlar el uso de las nuevas tecnologías. Hubiera necesitado de un amplio consenso entre las partes afectadas pero la cerrazón del Gobierno sobre la aplicación del “canon AEDE”, atendiendo solo los intereses de una parte, ha sido aberrante, especialmente en el derecho de cita. El ridículo internacional con el cierre del agregador de noticias Google News es una consecuencia lógica y una buena muestra de este despropósito legal.

Por otra parte, la reforma fiscal abordada por el PP desde diferentes aspectos como el IVA o el IRPF, es fruto del malestar general ante la enorme presión fiscal de estos años anteriores. Con una buena dosis de electoralismo emprende una rebaja generalizada de impuestos que, sin embargo, hace que el sistema fiscal pierda en sus aspectos de justicia y capacidad redistributiva. Además sigue mostrándose insuficiente para combatir el fraude fiscal.

Sin embargo, la que deja bien a las claras cuál es el carácter de este Gobierno, es la más importante, la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se aplicará en 2015 y 2016. Anunciada a bombo y platillo como unas cuentas hechas para la recuperación, sin embargo se queda en humo y mucha frustración. Unos presupuestos que traen más desigualdad y unos servicios públicos que van a seguir por debajo de las necesidades ciudadanas. Y si algo se necesita en este país es más empleo y de calidad, un tema que el Gobierno no facilitará con estas cuentas.

Con todo, la más sorprendente ha sido la Ley de Seguridad Ciudadana. Tan retrógrada, represiva, absurda y contraria a derechos y libertades ciudadanas tan importantes como el derecho de manifestación o el derecho de huelga, que se la conoce como “ley mordaza”. Esta iniciativa, que combatimos desde el sindicato de manera contundente, criminaliza la protesta ciudadana, multando a quienes, por ejemplo, se defienden frente a los desahucios o a los abusos de los bancos. Es de dudosa constitucionalidad y se atreve a contravenir el derecho internacional al legalizar las “devoluciones en caliente” de inmigrantes.

En 2015 seguirá el curso legislativo. Estará muy condicionado a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, tanto que el Gobierno deberá hilar fino para llevar a buen término unas reformas que sigue sin percibirse de forma positiva en la calle. Pero cuando siguen en aumento los desahucios y la pobreza, los servicios públicos son más escasos o están peor atendidos, la sanidad ya no es universal, y encima se recortan libertades fundamentales para evitar protestas y atemperar huelgas, mucho tendría que cambiar el panorama para que la ciudadanía confíe en el Congreso y las instituciones políticas.

En definitiva, asistimos a otro año difícil  para el consenso. Sin pactos de estado y sin libertad de voto, entre sus señorías (con honrosas excepciones) han primado el oportunismo y los viejos eslóganes sobre la inteligencia. La doctrina partidaria venciendo a las ideas, las ideologías primando sobre las mejores soluciones para la ciudadanía.

Plan Juncker, mucho ruido y pocas nueces

Juncker    Con el beneplácito de la mayoría de la Eurocámara y las bendiciones de la canciller alemana, Angela Merkel, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha propuesto un paquete inversor para la recuperación económica dada la lenta y titubeante recuperación de la economía en la Unión Europea, además de una posible recaída en la recesión. El llamado Plan Juncker por el empleo y la inversión es una iniciativa de la Comisión Europea (CE) que atiende la mala conciencia comunitaria sobre sus políticas de saneamiento fiscal a ultranza, y de reformas que, en estos años difíciles, han provocado una fuerte devaluación laboral y una notable caída de la cobertura social. Y es que el reformismo y los recortes han descargado todo su peso durante demasiado tiempo sobre las espaldas de los ciudadanos europeos.

Es de partida una idea plausible, aunque no deja de ser un reconocimiento tácito del abuso de poder e injusticia social perpetrado en la UE sobre las personas, que ha precarizado sus empleos y ha contribuido a mantener un alto índice de desempleo en la eurozona (11,5%), destacando países periféricos como Grecia (26%), España (24%) o Chipre (15%). En total, según Eurostat, son 24,4 millones los europeos sin empleo (18,3 millones en la eurozona) y el paro juvenil en la eurozona llega al 23,5%. Demasiado coste humano incluso para los políticos de Bruselas.

Aparte de la reanimación económica, otro factor de peso para que se haya alumbrado el paquete de medidas Juncker es la necesidad de implementar políticas europeas para atajar la brecha social entre los llamados estados del norte y los de sur. Una asimetría que tensiona las relaciones entre los países miembros y que hace tiempo debiera haberse reconducido a niveles más razonables.

Sin embargo, el plan de Juncker se da en un contexto en el que las medidas de austeridad y los recortes no cesan. Así que lo que Juncker predica, por ahora, no tiene mucha credibilidad. Más parece una declaración de buenas intenciones porque una cosa es predicar y otra dar trigo, pero sobre todo porque este plan de inversión público-privado, que en la exasperante lentitud comunitaria probablemente empezará a funcionar en el año 2016, lo confía todo a la ingeniería financiera. Así, de los 315.000 millones de euros del plan hay muy poco de dinero público, solo 21.000 millones provistos vía presupuestos y a través del BEI. El resto, los dirigentes comunitarios presuponen que será el capital privado el que proveerá. Queda, por tanto, todo este asunto de Juncker al albur del interés de los inversores y a la iniciativa de las empresas.

Con estos escasos mimbres en los próximos tres años, se pretende mejorar las infraestructuras energéticas y de transportes y crear 3,3 millones de empleos. Se estima que el PIB comunitario crecería un 3% PIB. Pero tal como se ha planteado esta iniciativa tiene poco grado de verosimilitud. La Comisión Juncker debería abogar por un plan que realmente sea un instrumento efectivo para combatir la crisis e impulsar la actividad económica y el empleo. Por otra parte, en el paquete de medidas sigue sin ser relevante la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

No obstante, ahora que la nueva CE ya está en marcha sí que es un momento idóneo para darle la vuelta a la tortilla del austericidio cocinado por la troika comunitaria. Se trataría de implicar seriamente a los estados miembros en la aplicación de una estrategia diametralmente opuesta. Me refiero a ese plan Marshall que fue alumbrado en el seno de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y que CCOO suscribió junto a otras organizaciones hace ya dos años y que pasó desapercibido no obteniendo tampoco la atención que merecía por parte de las autoridades.

Este plan alternativo fue propuesto tanto a las instituciones comunitarias como a los gobiernos nacionales. Con él los sindicatos plantean una política más decidida de inversiones públicas a favor del empleo de calidad y el crecimiento. Supondría dedicar el 2% del PIB comunitario a este tipo de inversiones durante 10 años. Esta propuesta social es más que oportuna en un momento en el que algunos se empeñan en levantar muros nacionales para evitar la inmigración y juegan a arruinar la Europa Social.

Hora es de apostar con bastante más rigor que Juncker a favor de un continente mejor donde se restaure el valor del trabajo, se dignifiquen las condiciones de vida de los europeos. Hora es de recuperar la credibilidad en el proyecto común europeo empezando por rescatar a las personas y reduciendo lo antes posible desigualdades, las importantes bolsas de pobreza y la fractura social existente. Para eso es necesario un plan más audaz, posible y creíble por el empleo y, además, instaurar lo antes posible una renta básica europea.

29N, urge más justicia social

29N foto blog

En el tercer año triunfal del Gobierno los excesos del casino financiero y de la banca los sigue pagando la ciudadanía. El establishment se articula con democracias sumisas al poder financiero y económico, quitándoles derechos a los ciudadanos y a cambio empobreciéndolos más. El balance de la economía especulativa y la mala gestión gubernamental es la causa de que en España a día de hoy tengamos 5,4 millones de personas en paro, 11,7 millones que sufren exclusión social, o un 36,3% de pobreza infantil. Somos un país industrializado lamentable. La quinceava potencia económica mundial, ya figura también como único país europeo en el Índice Mundial de Miseria.

Con todo el Gobierno mantiene sus anuncios sobre la recuperación y la cercana salida de la crisis. Mientras que para una mayoría de la gente no hay mejora alguna, los ministros insisten en que vamos saliendo de las penurias gracias “al esfuerzo de todos”. Este tipo de afirmaciones está a la altura ética de la reciente amnistía fiscal, es una provocación innecesaria que debe irritar mucho a quienes ya no tienen cobertura de desempleo,  o a los 2,5 millones de personas en paro de larga duración, y seguro que a ese 60% de jóvenes sin empleo, la llamada “generación perdida”.

Pero el pago de la deuda, la estabilidad presupuestaria y el límite de gasto público son prioritarios según reforma constitucional pactada con nocturnidad y alevosía por Zapatero y Rajoy. Y por ese pacto van cinco años consecutivos de recortes en los presupuestos generales del Estado. Unas cuentas que deberían estar blindadas a favor del empleo de calidad, y de la cantidad y calidad de los servicios públicos. Unas cuentas que deberían contar con el respaldo de una política fiscal mucho más progresiva porque la redistribución de la riqueza es un punto básico de partida para acabar con tanta desigualdad social. Pero no hay posibilidades de recaudar más y lograr más ingresos con la reforma fiscal tan propagandística que va a suponer recaudar  9.000 millones de euros menos en un año, máxime en un contexto en el que cada año se tiene que echar mano de la caja de las pensiones o sube el número de las pensiones no contributivas y  a la vez, porcentualmente, más gente queda desamparada. Se necesita más inversión pública para ganar en cohesión social.

Adónde quedan los derechos constitucionales de tantos, dónde quedan los valores de esta democracia, qué hay del Estado Social… Tal vez mucho de ello esté atesorado en paraísos fiscales. Aquí, en este infierno fiscal,  sin embargo se esquilma a las clases medias y a los menos pudientes a cambio de unos servicios públicos cada vez más reducidos. Tenemos a una legión de desahuciados y de personas necesitadas de las que se ocuparán la beneficencia y la caridad ya que la cobertura de las prestaciones públicas ha caído el 22% desde 2010. Es indignante que se le dé alas a la iniciativa privada a la vez que se dejan caer los servicios públicos, que son los que  fortalecen el Estado de Bienestar y, consecuentemente, proveen una sociedad más justa y equitativa.

Tampoco es admisible que la estabilidad presupuestaria o el pago de la deuda la logre el Estado por la vía de la devaluación salarial y de las condiciones laborales, maniatando cada vez más a los sindicatos o legislando reformas con aspectos leoninos para los trabajadores.

En medio de esta lacerante realidad el Gobierno saca tiempo para satisfacer a lo más rancio de la ideología conservadora. Es el caso de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Innecesaria e inoportuna, entre otras cosas, quiere amordazar la protesta social y criminalizar al movimiento sindical. Rechazamos este tipo de experimentos involucionistas que solo buscan ahondar en la desigualdad, consolidar el recorte de derechos y libertades en beneficio de las grandes empresas y de una banca que el poder político no embrida y que por tanto no cumplen debidamente su papel social.

Esta situación es insostenible socialmente. CC OO denuncia la gestión insuficiente del Gobierno hacia las personas. No es de recibo que siga sin cumplir su compromiso del 29 de julio pasado, en el arco del diálogo social. En octubre pasado debiera haber puesto en marcha un plan de recuperación del empleo y la creación de una nueva prestación para desempleados de larga duración que han agotado sus ayudas sociales.

Es urgente y no caben dilaciones dada la extrema necesidad que atraviesan las personas. En consecuencia, los sindicatos y otras fuerzas sociales han convocado para el 29 de noviembre, movilizaciones en todo el país bajo el lema Dignidad y Derechos: más inversión y servicios públicos, empleo de calidad, recuperar salarios, protección a las personas desempleadas, contra la ley de seguridad ciudadana y en defensa de la libertad sindical.

Además reclamamos más implicación pública para reducir el desempleo; impulsar elcambio de modelo productivo, (más I+D+i); y fortalecer las políticas sociales(prestaciones desempleo prestaciones sociales básicas, atención a la Dependencia, revalorización de las pensiones). Más empleo de calidad, frente al empeoramiento de las condiciones de trabajo, y precariedad e inestabilidad laboral, y más protección a las personas desempleadas.

El Estado Social de derecho está en riesgo de colapsarse si sigue la agresión a sus servicios públicos. Y mientras, caminamos hacia una sociedad sometida al imperio de la ley sin derechos ni garantías. Más con la ley mordaza, la futura ley de seguridad ciudadana, que no va por precisamente por el camino de defender la libertad sindical. Tal vez sea porque la construcción del Estado de Bienestar se debe a la presión social en gran parte articulada por los sindicatos.

Ahora tenemos que recuperar el terreno perdido. En la situación actual no hay sitio para la resignación ni el miedo, quienes tienen miedo son otros, son los que necesitan de la ley mordaza y criminalizar el sindicalismo. Pero se puede revertir la situación, con propuestas alternativas y con la movilización porque los sindicatos somos la mejor herramienta de que disponen los trabajadores para su defensa.

El 29N ha de ser determinante para reanimar el diálogo social, y lograr avances fundamentalmente en la inversión y los servicios públicos, hacia el empleo de calidad, la recuperación salarial y de manera singular, la protección a las personas desempleadas. Son pasos a favor de un futuro mejor de mayor cohesión social y oportunidades para el empleo y para la ciudadanía.