La Cumbre Europea, una oportunidad para el crecimiento económico y el empleo

En España se han iniciado los pactos de Estado. No deben ser un mero lavado de cara sino una alianza legislativa de utilidad pública, ampliable a otros ámbitos estratégicos (educación, sanidad, I+D+i, fiscalidad, reforma de las administraciones públicas, etc…).  No en vano hace falta mucha política de Estado, política cooperativa, no sólo para desatascar al país de su pésima situación, además para restaurar la confianza ciudadana en sus instituciones y en nuestro gran potencial individual y colectivo. Pero este consenso, dada la extrema gravedad de la situación, ha de emprenderse sin hipotecas, y extenderse al concurso de las organizaciones empresariales y sindicales.

La situación de algunas naciones de la eurozona es muy delicada, y empeorable si persisten las políticas de mera reducción del déficit público, recortando derechos y prestaciones sociales, cargando sobre la ciudadanía el pago de los excesos del mundo financiero y el descontrol de las administraciones públicas. Será insostenible pronto si se persiste en exigir más sacrificios sin esperanza de recuperar al menos una vida decente. Una juventud sacrificada y más de 25 millones de desempleados europeos,  son el fracaso de la política impuesta por la troika, que devalúa servicios públicos y somete a las democracias para atender prioritariamente las estrategias del poder económico y los intereses del capitalismo salvaje. No solucionan nada pero van doblegando la dignidad de la ciudadanía, sometiéndola a marchas forzadas hacia un modelo tercermundista.

Esta Cumbre es una ocasión para cambiar. Junto a la moderación fiscal deben  estimularse el crecimiento económico y el empleo. Es de suma importancia que nuestro Gobierno, que viaja con un gran respaldo parlamentario, presente en Bruselas una posición firme en este sentido,  apoyando un potente plan de inversiones así como una verdadera unión económica, bancaria y fiscal. Asimismo, debemos pactar con otros países afectados por la crisis, para implementar en la Unión Europea otra política posible, más sensible con los problemas ciudadanos, que ataje la sangría del empleo y la creciente exclusión social. Estas alianzas han de presionar a los países más reacios al cambio. Es hora de sumar hacia una genuina política europea común, solidaria y reequilibradora. Existen instrumentos, recursos y potencial para relanzar las economías. Faltan voluntades políticas. La mayoría sigue evidenciando su sometimiento lobbies y multinacionales.

Urgen inversiones públicas suficientes y créditos para recomponer el Estado del bienestar, tanto como unidad cívica para recuperar derechos. No obstante, no cabe esperar mucho del concilio europeo. Los gobiernos pese a su legalidad, primordialmente atiendes los intereses del gran capital, esos que sintonizan con las recomendaciones vergonzosas de la OCDE, del BCE o del FMI –bajas salariales, menos derechos laborales, menos pensiones, mayor edad de jubilación…– que marcan tendencias contra los derechos humanos. Representan al neoliberalismo rampante, y socialmente no cabe esperar más que miseria y exclusión social. Son actuaciones que clarifican mucho de la legitimidad y la base democrática de esos organismos internacionales, y que desde el sindicalismo confederal internacional vamos a seguir denunciando y combatiendo. En este sentido, desde la Confederación Europeas de Sindicatos (CES) –organismo en el que CCOO participa activamente– planteamos seguir la resistencia con movilizaciones en toda Europa, exigiendo medidas importantes y concretas de inversión, como el Ingreso Social Mínimo Garantizado que paliaría el destrozo social  de las reformas estructurales y la austeridad; también con un plan de inversiones –un 2% del PIB comunitario– a cargo del Banco Europeo de Inversiones. Asimismo, urge recuperar a esa generación casi pérdida de jóvenes con una inversión extraordinaria que CCOO estima superior a los 6.000 millones de euros convenidos en Bruselas, y librados en un plazo más corto, en los próximos dos años.

Es hora de establecer un calendario concreto para rescatar a la ciudadanía de la desigualdad, que ayude a las víctimas de esta crisis compleja y artificial. La ocasión es propicia para empezar a restaurar e impulsar no sólo servicios públicos, también para abordar otro modelo económico y emprender la reindustrialización en las regiones más deprimidas. La Cumbre debe, en definitiva, contribuir a recuperar la propia legitimidad democrática de los organismos comunitarios y al proyecto europeo. Una Europa verdaderamente unida, más equilibrada, más solvente y con mayor sensibilidad social, pero con hechos, no con más promesas, parcheos o recomendaciones inhumanas.

De la cultura de la opacidad a la transparencia y la regeneración democrática

España atraviesa múltiples problemas derivados del mal funcionamiento económico y político. Los derechos y las libertades se van deteriorando y sufrimos desde hace tiempo una crisis agravada por la mediocre, cuando no mala, gestión de unas instituciones incapaces de solucionar los problemas de la ciudadanía. Aún, en medio de la sangría del empleo, siguen con sus enfrentamientos partidarios; tanta corrupción y el abuso del “y tú más” han logrado el hartazgo de la opinión pública.

El jueves pasado, tras casi un año en el Congreso, se aprobó el anteproyecto debido al gesto de acercamiento de los grandes partidos, sobre una norma de tanto calado como de necesario consenso. Tanto la transparencia como el acceso a la información son derechos ciudadanos básicos que fortalecen la democracia, al hacerla más participativa, aliviando la sensación de desamparo e impotencia que propician los escándalos y el descrédito institucional; la transparencia, la recuperación de la ética y la justicia ágil e independiente, pueden devolver  la fe en la democracia.

El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que ha pasado su primer debate en el Congreso es un texto con importantes cambios respecto a lo que a final del pasado julio aprobó Consejo de Ministros. A falta de oír las opiniones y aportaciones de los agentes sociales –que serán atendidas en breve en la Comisión Constitucional– la futura ley ha contado con la opinión de numerosos expertos y parece encaminada a un necesario y aceptable consenso.

Por el momento, el Proyecto de Ley de Transparencia incorpora, elementos que me parecen absolutamente necesarios para  recuperar la credibilidad en las instituciones, y en especial en los partidos políticos. A estos se les incluye, así como a las organizaciones sindicales, empresariales, e incluso a la Casa del Rey, a la Iglesia, al propio Banco de España y a todas las organizaciones que reciben fondos públicos. Otro avance relevante ha sido que la Ley será controlada por un órgano independiente elegido por el Parlamento, y no por el Gobierno.

Estos avances son importantes y mejoran las propuestas iniciales del Gobierno. Sin embargo, consideramos que son insuficientes, la Ley es todavía bastante mejorable y debe contemplar la información y la publicidad como derechos cívicos fundamentales, equilibrados con el derecho a la privacidad. El control de la Ley debe contar con un órgano independiente y colegiado, en el que los agentes sociales y la sociedad civil estén plenamente representados y debe incluir una verdadera legislación sobre la participación institucional de las organizaciones sociales.

Además, hay que invertir en programas de formación para los gestores de las instituciones públicas así como en educación ciudadana –por ejemplo en las escuelas– sobre la relación público-ética. Y emplear intensivamente las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar el acceso, tratamiento y reutilización de la información a la ciudadanía. Y todo con un lenguaje claro y sencillo que llegue  a todas las personas.

Pero, además, considero que la Ley puede y debe mejorar. Una Ley que por sí sola no va a acabar con la corrupción como tampoco va a reparar la fuerte erosión del crédito ciudadano en sus instituciones. Pero, estoy convencido, que esta ley de consenso puede y debe ser el inicio de un largo camino hacia la regeneración inaplazable de nuestra democracia.

También, considero que debemos avanzar más en este camino de regeneración impulsando la participación ciudadana y el acercamiento a sus instituciones con otra regulación de los Partidos Políticos, de las Iniciativas Legislativas Populares, sustanciando una Ley de Participación Institucional, dando más peso a los referéndums y, por supuesto, cambiando un sistema electoral que es manifiestamente mejorable en su representatividad.

Estamos ante una ley trascendental, necesaria e inaplazable. Nuestro país necesita más transparencia porque sin transparencia no hay información y sin información no existe el debate democrático. Una ley al servicio de la democracia porque la transparencia es la luz de la democracia. Una Ley que posibilite el cambio de la cultura de la opacidad a la cultura de la transparencia.

España necesita más transparencia, mayor participación y grandes consensos como vectores que nos pasen de una democracia degenerada a una democracia avanzada. Menos electoralismo y más políticas de Estado para avanzar decididamente hacia la recuperación democrática, económica y social.